“DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN” IGUAL A ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA LEGISLATURA PARA EVITAR EL DEBATE SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN QUINTANA ROO.
En el 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación. Este instrumento legal, incluye mecanismos para facilitar el acceso a servicios de salud adecuados y promueve la protección al derecho de toda mujer de una maternidad libre, informada y responsable.
El trasfondo de esta reforma es atender una cuestión de salud pública y de justicia social para millones de mujeres en el país, que mueren o ponen en serio riesgo su salud como consecuencia de abortos mal practicados, ya que quienes se encuentran inmersas en un contextos social caracterizados por privaciones económicas y educativas, corren un mayor riesgo de caer en manos de pseudo médicos y clínicas clandestinas.
Ante este cambio a la legislación penal del Distrito Federal, diversas instituciones promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Institución resolvió constitucionalidad de la reforma que despenaliza el aborto voluntario en la Ciudad de México, con base a un análisis exhaustivo de la legislación nacional e internacional y a las opiniones de expertos vertidas en un proceso público de consulta ciudadana, en la cual participaron instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, académicos, especialistas en materia penal y de salud. En un hecho histórico, nuestro máximo tribunal constitucional reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, siguiendo los principios constitucionales del Estado mexicano, laico y democrático.
Como respuesta a este hecho, en algunos estados del país, se promueven iniciativas de reforma constitucional que intentan BLINDAR la legislación local contra el debate de la despenalización del aborto. Este movimiento inició en Sonora en octubre de 2008 y se ha extendido a siete estados más – Chihuahua, Colima, Baja California, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato y recientemente nuestro estado.
En Quintana Roo se presentó el pasado 8 de abril – un día antes del inicio de semana santa y de manera sorpresiva fue turnada para su análisis en Comisión al siguiente martes, y con la intención de votarla de forma inmediata– la iniciativa de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 13 de nuestra Constitución, adicionando el siguiente párrafo: “El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.”
Esta iniciativa adolece de varios vicios y además, oculta su verdadero sentido. En primer lugar, se intenta aprobar en un procedimiento tan rápido que se ha omitido – más por dolo que por ingenuidad política – someterla al escrutinio de la opinión pública, siendo una reforma de gran relevancia social. ¿Por qué un tema de tal trascendencia no se somete al debate ciudadano, como se ha hizo con temas como las casas de empeño, la ley de protección civil, etc.?
En segundo lugar, el sostener el derecho a la vida desde la concepción, impide la discusión de la despenalización del aborto voluntario, pero aún más grave, vulnera los actuales derechos humanos de la mujer al dejarla en estado de indefensión inclusive ante las causales de exclusión de la pena, cuando el aborto se realice por cuestiones de violación, malformación congénita, grave riesgo de la vida de la madre, entre otros.
Ante la presión de los medios y de la sociedad civil organizada en el Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales el 16 de abril, agregó un reglón al párrafo que dice: “…salvo las contempladas por la Ley”. Lo cual sólo quiere decir algo, INTENTAN ENGAÑARNOS, porque esta salvedad no garantiza que en un futuro pueda modificarse la legislación secundaria, en este caso, el Código Penal vigente, para eliminar las dispensas de la pena y convertir el aborto legal en ilegal, criminalizando a niñas, jóvenes o mujeres maduras que deseen abortar por haber sufrido una violación o estén condenadas a morir por el embarazo, como ya sucedió en Baja California.
Ante esta estrategia legaloide queremos saber ¿cuándo se consultó a las personas expertas para definir los criterios científicos y sociales de la vida desde la concepción? ¿A caso creen los legisladores promoventes que sus representados no nos daremos cuenta del engaño? ¿Cómo se puede hacer una reforma a la constitución basándose en la opinión parcial del autor de un libro?
En tercer lugar, esta iniciativa NO puede estar por encima de los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país en materia de derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres o la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Protocolo de San Salvador y por supuesto, los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 13 la Constitución Local.
Inclusive no podemos soslayar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el numeral 6.1 que establece que el “derecho a la vida es inherente a la persona humana”, éste no autoriza a interpretar que tal derecho es reconocido al producto de la concepción, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual ha señalado reiteradamente su preocupación por las medidas restrictivas en materia de interrupción del embarazo que solo han ocasionado graves problemas de salud pública, cuando los Estados están obligados a adoptar medidas que aseguren los derechos a la salud de las mujeres. ¿Entonces, en cuales acuerdos internacionales se basa esta reforma?
Por lo tanto, exigimos a las y los diputados, REPRESENTANTES de la sociedad quintanarroense a que garanticen el Estado de Derecho, fundamentado en el reconocimiento, goce y ejercicio pleno, de los derechos humanos desde las perspectivas laicas y de género. Las mujeres queremos que se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a no ser discriminadas en la discusión de una decisión que nos afecta directamente.
En pleno siglo XXI, los debates deben ser plurales e incluyentes, deben responder a la realidad, en este caso, de miles de mujeres que no reciben una educación sexual adecuada, sufren agresiones, corren riesgos de daño grave a su propia salud o mueren por abortos mal practicados en condiciones insalubres. Si aún no estamos preparados para enfrentar la discusión del debate de la despenalización del aborto, no retrocedamos y eliminemos de nuestro código las excluyentes de la pena por razones plenamente justificadas.
Es por ello que,
En el 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación. Este instrumento legal, incluye mecanismos para facilitar el acceso a servicios de salud adecuados y promueve la protección al derecho de toda mujer de una maternidad libre, informada y responsable.
El trasfondo de esta reforma es atender una cuestión de salud pública y de justicia social para millones de mujeres en el país, que mueren o ponen en serio riesgo su salud como consecuencia de abortos mal practicados, ya que quienes se encuentran inmersas en un contextos social caracterizados por privaciones económicas y educativas, corren un mayor riesgo de caer en manos de pseudo médicos y clínicas clandestinas.
Ante este cambio a la legislación penal del Distrito Federal, diversas instituciones promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Institución resolvió constitucionalidad de la reforma que despenaliza el aborto voluntario en la Ciudad de México, con base a un análisis exhaustivo de la legislación nacional e internacional y a las opiniones de expertos vertidas en un proceso público de consulta ciudadana, en la cual participaron instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, académicos, especialistas en materia penal y de salud. En un hecho histórico, nuestro máximo tribunal constitucional reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, siguiendo los principios constitucionales del Estado mexicano, laico y democrático.
Como respuesta a este hecho, en algunos estados del país, se promueven iniciativas de reforma constitucional que intentan BLINDAR la legislación local contra el debate de la despenalización del aborto. Este movimiento inició en Sonora en octubre de 2008 y se ha extendido a siete estados más – Chihuahua, Colima, Baja California, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato y recientemente nuestro estado.
En Quintana Roo se presentó el pasado 8 de abril – un día antes del inicio de semana santa y de manera sorpresiva fue turnada para su análisis en Comisión al siguiente martes, y con la intención de votarla de forma inmediata– la iniciativa de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 13 de nuestra Constitución, adicionando el siguiente párrafo: “El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.”
Esta iniciativa adolece de varios vicios y además, oculta su verdadero sentido. En primer lugar, se intenta aprobar en un procedimiento tan rápido que se ha omitido – más por dolo que por ingenuidad política – someterla al escrutinio de la opinión pública, siendo una reforma de gran relevancia social. ¿Por qué un tema de tal trascendencia no se somete al debate ciudadano, como se ha hizo con temas como las casas de empeño, la ley de protección civil, etc.?
En segundo lugar, el sostener el derecho a la vida desde la concepción, impide la discusión de la despenalización del aborto voluntario, pero aún más grave, vulnera los actuales derechos humanos de la mujer al dejarla en estado de indefensión inclusive ante las causales de exclusión de la pena, cuando el aborto se realice por cuestiones de violación, malformación congénita, grave riesgo de la vida de la madre, entre otros.
Ante la presión de los medios y de la sociedad civil organizada en el Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales el 16 de abril, agregó un reglón al párrafo que dice: “…salvo las contempladas por la Ley”. Lo cual sólo quiere decir algo, INTENTAN ENGAÑARNOS, porque esta salvedad no garantiza que en un futuro pueda modificarse la legislación secundaria, en este caso, el Código Penal vigente, para eliminar las dispensas de la pena y convertir el aborto legal en ilegal, criminalizando a niñas, jóvenes o mujeres maduras que deseen abortar por haber sufrido una violación o estén condenadas a morir por el embarazo, como ya sucedió en Baja California.
Ante esta estrategia legaloide queremos saber ¿cuándo se consultó a las personas expertas para definir los criterios científicos y sociales de la vida desde la concepción? ¿A caso creen los legisladores promoventes que sus representados no nos daremos cuenta del engaño? ¿Cómo se puede hacer una reforma a la constitución basándose en la opinión parcial del autor de un libro?
En tercer lugar, esta iniciativa NO puede estar por encima de los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país en materia de derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres o la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Protocolo de San Salvador y por supuesto, los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 13 la Constitución Local.
Inclusive no podemos soslayar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el numeral 6.1 que establece que el “derecho a la vida es inherente a la persona humana”, éste no autoriza a interpretar que tal derecho es reconocido al producto de la concepción, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual ha señalado reiteradamente su preocupación por las medidas restrictivas en materia de interrupción del embarazo que solo han ocasionado graves problemas de salud pública, cuando los Estados están obligados a adoptar medidas que aseguren los derechos a la salud de las mujeres. ¿Entonces, en cuales acuerdos internacionales se basa esta reforma?
Por lo tanto, exigimos a las y los diputados, REPRESENTANTES de la sociedad quintanarroense a que garanticen el Estado de Derecho, fundamentado en el reconocimiento, goce y ejercicio pleno, de los derechos humanos desde las perspectivas laicas y de género. Las mujeres queremos que se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a no ser discriminadas en la discusión de una decisión que nos afecta directamente.
En pleno siglo XXI, los debates deben ser plurales e incluyentes, deben responder a la realidad, en este caso, de miles de mujeres que no reciben una educación sexual adecuada, sufren agresiones, corren riesgos de daño grave a su propia salud o mueren por abortos mal practicados en condiciones insalubres. Si aún no estamos preparados para enfrentar la discusión del debate de la despenalización del aborto, no retrocedamos y eliminemos de nuestro código las excluyentes de la pena por razones plenamente justificadas.
Es por ello que,
¡Exigimos de manera contundente la votación en contra de dicha iniciativa!
¡Exigimos la inclusión total de la sociedad en la discusión de este tema!
¡Exigimos el respeto irrestricto al Estado de derecho! y sobre todo,
¡Exigimos legislar en un estado LAICO Y DEMOCRÁTICO!
Por el derecho a decidir,
Atentamente
INDESOM, A.C., Investigación y Desarrollo Social de la Mujer, asociación civil.
¡Exigimos la inclusión total de la sociedad en la discusión de este tema!
¡Exigimos el respeto irrestricto al Estado de derecho! y sobre todo,
¡Exigimos legislar en un estado LAICO Y DEMOCRÁTICO!
Por el derecho a decidir,
Atentamente
INDESOM, A.C., Investigación y Desarrollo Social de la Mujer, asociación civil.
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